martes, 18 de mayo de 2010
lunes, 17 de mayo de 2010
VOCES DE NUESTRA AMERICA - INSOLITO - Por Fidel Castro
Barack Obama es un fanático creyente del sistema capitalista imperialista impuesto por Estados Unidos al mundo. “Dios bendiga a Estados Unidos” concluye sus discursos. Algunos de sus hechos hirieron la sensibilidad de la opinión mundial que vio con simpatía la victoria del ciudadano afroamericano frente al candidato de la extrema derecha de ese país. Apoyándose en una de las más profunda crisis económicas que ha conocido el mundo, y en el dolor causado por los jóvenes norteamericanos que perdieron la vida o fueron heridos o mutilados en las guerras genocidas de conquista de su predecesor, obtuvo los votos de la mayoría del 50 por ciento de los norteamericanos que se dignan acudir a las urnas en ese democrático país.
La política militarista, el saqueo de los recursos naturales, el intercambio desigual de la actual administración con los países pobres del tercer mundo, en nada se diferencian de los de sus antecesores, casi todos de extrema derecha, con algunas excepciones, a lo largo del pasado siglo. Sería interminable la lista de contradicciones entre las ideas que la nación cubana ha defendido con grandes sacrificios durante medio siglo y la política egoísta de ese colosal imperio. A pesar de ese no albergaremos ninguna animadversión contra Obama y mucho menos contra el pueblo de Estados Unidos. Consideramos que la reforma de salud ha constituido una importante batalla y un éxito de su gobierno. Parece, sin embargo, algo realmente insólito que 234 años después de la Declaración de Independencia, en Filadelfia en el año 1776, inspirada en las ideas de los enciclopedistas franceses, el gobierno de ese país haya aprobado la atención médica para la inmensa mayoría de sus ciudadanos, algo que cuba alcanzó para toda su población hace medio siglo, a pesar del cruel e inhumano bloqueo impuesto y todavía vigente por parte del país más poderoso que existió jamás.
Comprendo la satisfacción con que se expresa y reconoce, en el discurso presidencial, el aporte de los miembros del Congreso y la administración que hicieron posible el milagro de la reforma sanitaria, lo cual fortalece la posición del Gobierno frente a lobbistas y mercenarios de la política que limitan las facultades de la administración. Espero que las tonterías que expresa Obama sobre Cuba, no obnubilen su inteligencia.-
La política militarista, el saqueo de los recursos naturales, el intercambio desigual de la actual administración con los países pobres del tercer mundo, en nada se diferencian de los de sus antecesores, casi todos de extrema derecha, con algunas excepciones, a lo largo del pasado siglo. Sería interminable la lista de contradicciones entre las ideas que la nación cubana ha defendido con grandes sacrificios durante medio siglo y la política egoísta de ese colosal imperio. A pesar de ese no albergaremos ninguna animadversión contra Obama y mucho menos contra el pueblo de Estados Unidos. Consideramos que la reforma de salud ha constituido una importante batalla y un éxito de su gobierno. Parece, sin embargo, algo realmente insólito que 234 años después de la Declaración de Independencia, en Filadelfia en el año 1776, inspirada en las ideas de los enciclopedistas franceses, el gobierno de ese país haya aprobado la atención médica para la inmensa mayoría de sus ciudadanos, algo que cuba alcanzó para toda su población hace medio siglo, a pesar del cruel e inhumano bloqueo impuesto y todavía vigente por parte del país más poderoso que existió jamás.
Comprendo la satisfacción con que se expresa y reconoce, en el discurso presidencial, el aporte de los miembros del Congreso y la administración que hicieron posible el milagro de la reforma sanitaria, lo cual fortalece la posición del Gobierno frente a lobbistas y mercenarios de la política que limitan las facultades de la administración. Espero que las tonterías que expresa Obama sobre Cuba, no obnubilen su inteligencia.-
jueves, 6 de mayo de 2010
SI LADRAN, SERÁN PERROS NOMÁS
La actual etapa histórica que vive el país se caracteriza por la legitimación de la intervención del Estado en la economía, y en consecuencia por la recuperación de un proyecto de Nación. Después de mucho tiempo, los argentinos, de un modo u otro, nos encontramos debatiendo entre dos modelos de país divididos por el rol del Estado en las relaciones sociales (protagónico o ausente, según el modelo). No solo desde el campo popular coincidimos con esa afirmación. Las clases dominantes, con la claridad ideológica que las caracteriza a partir de su vocación por la rentabilidad egoísta y antinacional, también coinciden y han tomado partido. Algunos de sus mejores voceros están en la revista Apertura (especializada en temas financieros, alineada con la Organización Mundial del Comercio, la banca extranjera y la conducción de la Unión Industrial Argentina.
Es interesante leerlos en su diatriba contra el Estado. Con el título “Estatizaciones: Generación CFK”, sostiene que “La amenaza oficial de reestatizar Telecom reavivó la polémica: la propensión al estatismo, que arrancó en 2003, se profundizó en la era Cristina, a partir de los fondos de las AFJP. Ahora la Presidenta va por más. Riesgos de la nueva movida K que tiene en vilo a los empresarios”.
Las estatizaciones “no son hechos aislados, sino que forman parte de una política económica de los últimos años y se caracterizan por la desprolijidad, la falta de debate y consenso y la poca institucionalidad con la que se realizan” (Juan Manuel Massot, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador), quien además define a las estatizaciones como “arreglos millonarios en los que el pueblo de la Nación no sale beneficiado”.
Con la nacionalización de las AFJP opinan que “el Gobierno pasó a controlar la ANSES a través del Fondo de Sustentabilidad, y comenzó a financiar proyectos productivos como los de energía eléctrica”, explicó Ricardo Castiglioni, quien además criticó que ahora “el Gobierno posee una participación mayor al 20% del capital en mas de 20 empresas. A lo largo de 2009, nombraron a más de 15 directores en distintas compañías” Es que, dice Milagros Gismondi, las AFJP representaban “el mayor operador del mercado de capitales”.
“Los intrincados caminos del laberinto de estatizaciones Kirchneristas parecieran llevar a una sola salida. Por distintos motivos, desde 2003 hasta la actualidad, la era K se caracterizó por reestatizar compañías de sectores estratégicos de la economía argentina. El derrotero contrario al que se transitó en la década del ´90 lo inició Néstor Kirchner y lo continuó Cristina en el 2008”, dice Apertura. Y pasan revista: la anulación de las concesiones de transporte Metropolitano de Taselli, del Correo Argentino, de AySA, de Thales Spectrum sobre el control del espacio radioeléctrico, la creación de Enarsa, Aerolineas Argentinas y Austral, la nacionalización de las AFJP y la Fábrica Militar de Aviones, y hasta incluyen el Fútbol para Todos.
En cuanto a sus intenciones y tácticas, tal vez alcance con ver el último número, en el que, mientras refieren a la suba de precio, conmemoran el cumpleaños 21 de la hiperinflación de 1.989, como “el derrotero de un aumento de precios sin precedentes que anticipó la salida del primer Gobierno democrático”.
Somos un país en disputa. La visión que tienen las clases dominantes, que les viene de su reacción ante el cambio social y la política de gobierno, nos es de ayuda para comprender el momento histórico que vivimos y cuál es el eje del debate nacional. Es bueno escucharlos para no perder la brújula. Ladran con el odio de clase que expresan cuando atacan furiosos a Cristina Fernández, pero también con la ideología que comunican. Es que si ellos ladran, es porque estamos cabalgando, y además porque serán perros, nomás.-
Es interesante leerlos en su diatriba contra el Estado. Con el título “Estatizaciones: Generación CFK”, sostiene que “La amenaza oficial de reestatizar Telecom reavivó la polémica: la propensión al estatismo, que arrancó en 2003, se profundizó en la era Cristina, a partir de los fondos de las AFJP. Ahora la Presidenta va por más. Riesgos de la nueva movida K que tiene en vilo a los empresarios”.
Las estatizaciones “no son hechos aislados, sino que forman parte de una política económica de los últimos años y se caracterizan por la desprolijidad, la falta de debate y consenso y la poca institucionalidad con la que se realizan” (Juan Manuel Massot, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador), quien además define a las estatizaciones como “arreglos millonarios en los que el pueblo de la Nación no sale beneficiado”.
Con la nacionalización de las AFJP opinan que “el Gobierno pasó a controlar la ANSES a través del Fondo de Sustentabilidad, y comenzó a financiar proyectos productivos como los de energía eléctrica”, explicó Ricardo Castiglioni, quien además criticó que ahora “el Gobierno posee una participación mayor al 20% del capital en mas de 20 empresas. A lo largo de 2009, nombraron a más de 15 directores en distintas compañías” Es que, dice Milagros Gismondi, las AFJP representaban “el mayor operador del mercado de capitales”.
“Los intrincados caminos del laberinto de estatizaciones Kirchneristas parecieran llevar a una sola salida. Por distintos motivos, desde 2003 hasta la actualidad, la era K se caracterizó por reestatizar compañías de sectores estratégicos de la economía argentina. El derrotero contrario al que se transitó en la década del ´90 lo inició Néstor Kirchner y lo continuó Cristina en el 2008”, dice Apertura. Y pasan revista: la anulación de las concesiones de transporte Metropolitano de Taselli, del Correo Argentino, de AySA, de Thales Spectrum sobre el control del espacio radioeléctrico, la creación de Enarsa, Aerolineas Argentinas y Austral, la nacionalización de las AFJP y la Fábrica Militar de Aviones, y hasta incluyen el Fútbol para Todos.
En cuanto a sus intenciones y tácticas, tal vez alcance con ver el último número, en el que, mientras refieren a la suba de precio, conmemoran el cumpleaños 21 de la hiperinflación de 1.989, como “el derrotero de un aumento de precios sin precedentes que anticipó la salida del primer Gobierno democrático”.
Somos un país en disputa. La visión que tienen las clases dominantes, que les viene de su reacción ante el cambio social y la política de gobierno, nos es de ayuda para comprender el momento histórico que vivimos y cuál es el eje del debate nacional. Es bueno escucharlos para no perder la brújula. Ladran con el odio de clase que expresan cuando atacan furiosos a Cristina Fernández, pero también con la ideología que comunican. Es que si ellos ladran, es porque estamos cabalgando, y además porque serán perros, nomás.-
lunes, 26 de abril de 2010
Ley de Comunicación Audiovisual
Mapa de medios: Cambia, todo cambia
Opinión
Pasaron 26 años entre una norma realizada en nombre de la doctrina de la seguridad nacional, la 22.285, y una ley de la democracia (26.522) que tiene como pilares la libertad de expresión y la desconcentración de los monopolios. Un largo tiempo en el que fracasaron 70intentos en el Parlamento debido al sometimiento impuesto por los monopolios mediáticos.
En esta oportunidad, hasta último momento intentaron embarrar la cancha con un único objetivo: que todo siga como está; para ellos, la mejor ley es la que no existe. Pero la decisión política del gobierno y la participación de numerosos actores sociales (organizaciones de derechos humanos, sindicales, los pueblos originarios, las universidades, los medios comunitarios, etc.) pudieron más.
Ahora bien, ¿de qué manera la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) pretende descomprimir la concentración mediática? Actualmente, más del 80% de los mensajes que circulan en la Argentina son resueltos por cuatro grupos info-comunicacionales.
Veamos. El artículo 45 de la flamante normativa (llamado Multiplicidad de Licencias) dice que “a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias”. La ley de SCA establece criterios diferenciados para analizar las licencias, según se trate del alcance nacional o local.
A nivel nacional una misma persona física o jurídica podrá tener hasta 10 licencias de radio y televisión abierta (aquellos que utilizan espectro radioeléctrico), menos de la mitad en comparación a las 24 que permitía el marco regulatorio anterior.
Dentro de ese tope de 10 licencias también está contemplado el servicio de televisión paga o por suscripción a través de las bandas de frecuencias de UHF y MMDS.
Además, independientemente de esas 10, se podrán tener hasta 24 licencias de televisión paga.
En el orden local, en tanto, el máximo de licencias permitidas será tres. Se podrá tener una radio de AM y una de FM o hasta dos, siempre y cuando en este último caso que existan más de ochos radios en el área primaria de servicio.
También se podrá contar con una licencia de televisión abierta o una para proveer TV paga; pero no se podrá contar con los dos servicios a la vez.
Otra de las limitaciones es que el dueño de un operador de televisión paga no podrá tener más de una señal de contenidos en su propio sistema. Pero ello no quita la posibilidad de que tenga la cantidad de señales que desee en otros prestadores.
Perder tentáculos
El Grupo Clarín, que controla más del 40% de los contenidos que circulan en los medios de comunicación, será uno de los holdings que más perderá.
La televisión paga es el negocio más redituable del grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Actualmente, alrededor del 50% de los abonados a ese servicio en todo el país pertenecen al multimedios.
Para su desgracia, otra de las reglas que establece la nueva ley es la imposibilidad de prestar servicios a más del 35% de los habitantes del país o de abonados.
En el orden local, en la ciudad de Buenos Aires el Grupo Clarín deberá optar por quedarse con Canal 13 ó una de sus dos licencias de televisión paga (Cablevisión y Multicanal).
Vale la pena aclarar que el decreto/ley 22.285tampoco permitía tener más de una licencia de TV por cable en una misma área de cobertura. Por ello, el COMFER había objetado la fusión de Cablevisión y Multicanal.
En cuanto a sus radios, podrá conservar Mitre (AM 790) y FM 100, siempre que el total de las licencias no supere las 10.
Con respecto a las señales de TV paga del Grupo Clarín, como TN (Todo Noticias), Volver o Magazine, no desaparecerán por arte de magia, a pesar de que el multimedios asegura lo contrario para sembrar escándalo en la población. A una de esas señales podrá distribuirla por su propia empresa de televisión paga, por caso Cablevisión.
En Bariloche, en tanto, el emporio de Noble y Magnetto deberá optar entre el Canal 6 de televisión abierta o su participación en Supercanal, operador de TV por cable en el que participa con un 20% en sociedad con el Grupo Uno, el multimedios de la familia Vila. En la localidad del sur del país el holding no posee actualmente radios.
El Grupo Clarín también tiene presencia en Bahía Blanca. Allí podrá seguir teniendo la radio de FM 96.5, pero deberá elegir entre el Canal 7 de televisión abierta y una de sus dos licencias de TV paga, Multicanal o Cablevisión.
Situación parecida tiene en Córdoba. Podrá continuar con las licencias de radio AM 580 y FM102.9, pero deberá decidir si se queda con el Canal 12 de TV abierta o con Multicanal.
En la localidad mediterránea el Grupo Clarín refuerza su presencia con La Voz del Interior, el diario de mayor tirada fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Por último, el Grupo Clarín podrá seguir siendo propietario de las radios de frecuencia modulada 99.5 en Tucumán y 100.3 en Mendoza.
El grupo español Telefónica, por su parte, no sufrirá pérdidas, ya que podrá seguir conservando sus nueve licencias de televisión abierta (Canal 11 de Buenos Aires -Telefé-, 7 de Neuquén, 8 de Córdoba, 8 de Tucumán, 11 de Salta, 5 de Rosario, 13 de Santa Fe, 8 de Mar del Plata y 9 de Bahía Blanca) y la titularidad de la señal de televisión por cable Telefé Internacional. La empresa cumple con la exigencia de no tener más de una señal de TV abierta por localidad.
Sin embargo, la empresa española no podrá concretar por el momento su anhelo de participaren el mercado de televisión por suscripción y ofrecer así el famoso “triple play” al sumar los servicios de telefonía e Internet de banda ancha, una posibilidad que estaba prevista en el proyecto de ley que ingresó al Congreso, pero que fue quitada luego en la Cámara de Diputados.
Esa modificación mereció el anuncio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa Rosada. “Hemos decidido aventar este escollo para lograr un consenso amplio y democrático”.
En cambio, sí podrán hacerlo las cooperativas de servicios públicos. Fecotel, federación que reúne a más de 250 cooperativas telefónicas, apoyó desde un primer momento la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Una vez que tengamos el servicio (de TV paga) en la misma base de usuarios de telefonía, las cooperativas podremos ingresar entre 300 y 400 millones de pesos”, aseguró el titular de Fecotel, Adalberto Bóccoli.
Daniel Hadad, poderoso en el mercado de radios, podrá seguir teniendo en Buenos Aires a Radio 10 (AM 710), pero deberá desprenderse dedos de las cuatro FM que posee (La Mega 98.3, Amadeus 103.7, Vale 97.5 y Pop101.5), por dos razones: el tope de FM por localidad es de dos -siempre y cuando haya más de ocho emisoras en el área de prestación- y porque supera el tope local de tres servicios.
La Mega, Vale y Pop se encuentran entre las cinco emisoras de frecuencia modulada más escuchadas, mientras que Radio 10 encabeza el ranking de AM desde hace varios años.
Con respecto a la señal de noticias de televisión paga que posee Hadad (C5N), podrá seguir funcionando como hasta ahora, ya que el empresario no es dueño de ninguna empresa de TV por cable.
El Grupo Prisa, dueño de El País, el diario más importante de España -que también tiene una edición latinoamericana-, es otro de los jugadores fuertes en radio. La única restricción que tendrá el holding respecto de su esquema actual es que deberá dejar de retransmitir los contenidos de Radio Continental en la FM 104.3.
Pero podrá seguir teniendo las licencias de Radio Continental (AM 590) y FM Hit (105.5) en Buenos Aires y las emisoras de FM de Mar del Plata (94.1), Río Cuarto (92.5), Tucumán (100.1), Rosario (100.1), Santa Fe (98.7), Corrientes(97.3), Salta (103.5) y Cipolletti (102.5).
Otro grupo que deberá desprenderse de radios es CIE de México. El consorcio, que también maneja el Zoológico de la Capital Federal, tendrá que elegir una de las dos AM que controla en Buenos Aires (Splendid 990 o Libertad 950) y deberá resignar una de sus FM: Rock & Pop (95.9), Blue (100.7) o San Isidro Labrador (95.5).
Este año, CIE vendió Radio América (AM1190) y FM Aspen 102.3 a Sergio Spolski, propietario de los diarios Buenos Aires Económico y El Argentino y la Revista XXIII, entre otros medios gráficos.
En tanto, el multimedios del ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri deberá desprenderse de una de las dos licencias de TV paga que posee, aunque podrá seguir teniendo la señal de noticias Canal 26 y Radio Latina (FM101.1).
Descomprimir
El Grupo Uno, de la familia Vila, será junto a Clarín el holding de medios más desfavorecido. No tendrá inconvenientes con su participación del 50% en el canal de televisión abierta América; el restante 50% pertenece a Francisco De Narváez, quien sí debe vender, pero por ser diputado nacional. Ese impedimento también estaba vigente en la ley 22.285. Sin embargo, en Mendoza, donde los Vila (Daniel y Alfredo) comenzaron a construir su multimedios, el holding deberá optar entre la licencia de televisión abierta de Canal 7 ó la del operador de TV paga Supercanal.
Asimismo, podrá seguir teniendo Radio Nihuil, emisora de amplitud modulada, pero deberá desprenderse de dos de las cuatro FM que posee (Brava, Latinos, Montecristo y Ayer). Aquí se produce un doble incumplimiento: por un lado supera el tope de tres licencias, y por otro, tiene más de dos FM.
En San Juan, deberá decidirse entre Canal 8 ó su licencia de televisión por cable, que está a nombre de Supercanal. Pero podrá seguir conservando las radios Calingasta (AM 990) y FM Nuestra.
Una situación similar ocurrirá en San Rafael, donde tendrá que elegir entre Canal 6, de televisión abierta, y Supercanal. La diferencia con la otra localidad cuyana es que en la mendocina no posee radios.
En Rosario, en tanto, deberá desprenderse de una de sus dos radios de AM (LT8 y LT3). Sin embargo, no sufrirá modificaciones con respecto a sus dos FM (Cadena 100 y la 98.5).
En Córdoba y en Entre Ríos no sufrirá cambios. En el primer caso podrá mantener las radios AM LV2 y FM 94.9 (Río Cuarto), mientras que en el segundo continuará con las radios de AM LT15 Litoral (Concordia), LT41 (Gualeguaychú) y Radio Victoria, y FM Estación del Siglo y Meridiano, ambas de Concordia.
Por último, la normativa establece que quien disponga de una licencia de televisión por suscripción sobre soporte satelital (caso DirecTV) estará excluido de la posibilidad de ser titular de otro tipo de servicio de comunicación audiovisual.
¡Ropa sucia fuera!
La reglamentación de la nueva norma y la integración de los distintos órganos que ésta prevee son los próximos pasos para que la letra de la ley se haga realidad. En ambos casos, será fundamental el compromiso y la movilización del amplio abanico de organizaciones que la hicieron posible.
Empieza una etapa de reconstrucción de la comunicación en la Argentina. Desde hace muchos años la palabra está hegemonizada por los medios comerciales. Llegó la hora de democratizar y de que todos puedan hablar. Como cantan Los Piojos: “Yo sé que vendrán tiempos mejores”.
Opinión
Pasaron 26 años entre una norma realizada en nombre de la doctrina de la seguridad nacional, la 22.285, y una ley de la democracia (26.522) que tiene como pilares la libertad de expresión y la desconcentración de los monopolios. Un largo tiempo en el que fracasaron 70intentos en el Parlamento debido al sometimiento impuesto por los monopolios mediáticos.
En esta oportunidad, hasta último momento intentaron embarrar la cancha con un único objetivo: que todo siga como está; para ellos, la mejor ley es la que no existe. Pero la decisión política del gobierno y la participación de numerosos actores sociales (organizaciones de derechos humanos, sindicales, los pueblos originarios, las universidades, los medios comunitarios, etc.) pudieron más.
Ahora bien, ¿de qué manera la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) pretende descomprimir la concentración mediática? Actualmente, más del 80% de los mensajes que circulan en la Argentina son resueltos por cuatro grupos info-comunicacionales.
Veamos. El artículo 45 de la flamante normativa (llamado Multiplicidad de Licencias) dice que “a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias”. La ley de SCA establece criterios diferenciados para analizar las licencias, según se trate del alcance nacional o local.
A nivel nacional una misma persona física o jurídica podrá tener hasta 10 licencias de radio y televisión abierta (aquellos que utilizan espectro radioeléctrico), menos de la mitad en comparación a las 24 que permitía el marco regulatorio anterior.
Dentro de ese tope de 10 licencias también está contemplado el servicio de televisión paga o por suscripción a través de las bandas de frecuencias de UHF y MMDS.
Además, independientemente de esas 10, se podrán tener hasta 24 licencias de televisión paga.
En el orden local, en tanto, el máximo de licencias permitidas será tres. Se podrá tener una radio de AM y una de FM o hasta dos, siempre y cuando en este último caso que existan más de ochos radios en el área primaria de servicio.
También se podrá contar con una licencia de televisión abierta o una para proveer TV paga; pero no se podrá contar con los dos servicios a la vez.
Otra de las limitaciones es que el dueño de un operador de televisión paga no podrá tener más de una señal de contenidos en su propio sistema. Pero ello no quita la posibilidad de que tenga la cantidad de señales que desee en otros prestadores.
Perder tentáculos
El Grupo Clarín, que controla más del 40% de los contenidos que circulan en los medios de comunicación, será uno de los holdings que más perderá.
La televisión paga es el negocio más redituable del grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. Actualmente, alrededor del 50% de los abonados a ese servicio en todo el país pertenecen al multimedios.
Para su desgracia, otra de las reglas que establece la nueva ley es la imposibilidad de prestar servicios a más del 35% de los habitantes del país o de abonados.
En el orden local, en la ciudad de Buenos Aires el Grupo Clarín deberá optar por quedarse con Canal 13 ó una de sus dos licencias de televisión paga (Cablevisión y Multicanal).
Vale la pena aclarar que el decreto/ley 22.285tampoco permitía tener más de una licencia de TV por cable en una misma área de cobertura. Por ello, el COMFER había objetado la fusión de Cablevisión y Multicanal.
En cuanto a sus radios, podrá conservar Mitre (AM 790) y FM 100, siempre que el total de las licencias no supere las 10.
Con respecto a las señales de TV paga del Grupo Clarín, como TN (Todo Noticias), Volver o Magazine, no desaparecerán por arte de magia, a pesar de que el multimedios asegura lo contrario para sembrar escándalo en la población. A una de esas señales podrá distribuirla por su propia empresa de televisión paga, por caso Cablevisión.
En Bariloche, en tanto, el emporio de Noble y Magnetto deberá optar entre el Canal 6 de televisión abierta o su participación en Supercanal, operador de TV por cable en el que participa con un 20% en sociedad con el Grupo Uno, el multimedios de la familia Vila. En la localidad del sur del país el holding no posee actualmente radios.
El Grupo Clarín también tiene presencia en Bahía Blanca. Allí podrá seguir teniendo la radio de FM 96.5, pero deberá elegir entre el Canal 7 de televisión abierta y una de sus dos licencias de TV paga, Multicanal o Cablevisión.
Situación parecida tiene en Córdoba. Podrá continuar con las licencias de radio AM 580 y FM102.9, pero deberá decidir si se queda con el Canal 12 de TV abierta o con Multicanal.
En la localidad mediterránea el Grupo Clarín refuerza su presencia con La Voz del Interior, el diario de mayor tirada fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Por último, el Grupo Clarín podrá seguir siendo propietario de las radios de frecuencia modulada 99.5 en Tucumán y 100.3 en Mendoza.
El grupo español Telefónica, por su parte, no sufrirá pérdidas, ya que podrá seguir conservando sus nueve licencias de televisión abierta (Canal 11 de Buenos Aires -Telefé-, 7 de Neuquén, 8 de Córdoba, 8 de Tucumán, 11 de Salta, 5 de Rosario, 13 de Santa Fe, 8 de Mar del Plata y 9 de Bahía Blanca) y la titularidad de la señal de televisión por cable Telefé Internacional. La empresa cumple con la exigencia de no tener más de una señal de TV abierta por localidad.
Sin embargo, la empresa española no podrá concretar por el momento su anhelo de participaren el mercado de televisión por suscripción y ofrecer así el famoso “triple play” al sumar los servicios de telefonía e Internet de banda ancha, una posibilidad que estaba prevista en el proyecto de ley que ingresó al Congreso, pero que fue quitada luego en la Cámara de Diputados.
Esa modificación mereció el anuncio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa Rosada. “Hemos decidido aventar este escollo para lograr un consenso amplio y democrático”.
En cambio, sí podrán hacerlo las cooperativas de servicios públicos. Fecotel, federación que reúne a más de 250 cooperativas telefónicas, apoyó desde un primer momento la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Una vez que tengamos el servicio (de TV paga) en la misma base de usuarios de telefonía, las cooperativas podremos ingresar entre 300 y 400 millones de pesos”, aseguró el titular de Fecotel, Adalberto Bóccoli.
Daniel Hadad, poderoso en el mercado de radios, podrá seguir teniendo en Buenos Aires a Radio 10 (AM 710), pero deberá desprenderse dedos de las cuatro FM que posee (La Mega 98.3, Amadeus 103.7, Vale 97.5 y Pop101.5), por dos razones: el tope de FM por localidad es de dos -siempre y cuando haya más de ocho emisoras en el área de prestación- y porque supera el tope local de tres servicios.
La Mega, Vale y Pop se encuentran entre las cinco emisoras de frecuencia modulada más escuchadas, mientras que Radio 10 encabeza el ranking de AM desde hace varios años.
Con respecto a la señal de noticias de televisión paga que posee Hadad (C5N), podrá seguir funcionando como hasta ahora, ya que el empresario no es dueño de ninguna empresa de TV por cable.
El Grupo Prisa, dueño de El País, el diario más importante de España -que también tiene una edición latinoamericana-, es otro de los jugadores fuertes en radio. La única restricción que tendrá el holding respecto de su esquema actual es que deberá dejar de retransmitir los contenidos de Radio Continental en la FM 104.3.
Pero podrá seguir teniendo las licencias de Radio Continental (AM 590) y FM Hit (105.5) en Buenos Aires y las emisoras de FM de Mar del Plata (94.1), Río Cuarto (92.5), Tucumán (100.1), Rosario (100.1), Santa Fe (98.7), Corrientes(97.3), Salta (103.5) y Cipolletti (102.5).
Otro grupo que deberá desprenderse de radios es CIE de México. El consorcio, que también maneja el Zoológico de la Capital Federal, tendrá que elegir una de las dos AM que controla en Buenos Aires (Splendid 990 o Libertad 950) y deberá resignar una de sus FM: Rock & Pop (95.9), Blue (100.7) o San Isidro Labrador (95.5).
Este año, CIE vendió Radio América (AM1190) y FM Aspen 102.3 a Sergio Spolski, propietario de los diarios Buenos Aires Económico y El Argentino y la Revista XXIII, entre otros medios gráficos.
En tanto, el multimedios del ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri deberá desprenderse de una de las dos licencias de TV paga que posee, aunque podrá seguir teniendo la señal de noticias Canal 26 y Radio Latina (FM101.1).
Descomprimir
El Grupo Uno, de la familia Vila, será junto a Clarín el holding de medios más desfavorecido. No tendrá inconvenientes con su participación del 50% en el canal de televisión abierta América; el restante 50% pertenece a Francisco De Narváez, quien sí debe vender, pero por ser diputado nacional. Ese impedimento también estaba vigente en la ley 22.285. Sin embargo, en Mendoza, donde los Vila (Daniel y Alfredo) comenzaron a construir su multimedios, el holding deberá optar entre la licencia de televisión abierta de Canal 7 ó la del operador de TV paga Supercanal.
Asimismo, podrá seguir teniendo Radio Nihuil, emisora de amplitud modulada, pero deberá desprenderse de dos de las cuatro FM que posee (Brava, Latinos, Montecristo y Ayer). Aquí se produce un doble incumplimiento: por un lado supera el tope de tres licencias, y por otro, tiene más de dos FM.
En San Juan, deberá decidirse entre Canal 8 ó su licencia de televisión por cable, que está a nombre de Supercanal. Pero podrá seguir conservando las radios Calingasta (AM 990) y FM Nuestra.
Una situación similar ocurrirá en San Rafael, donde tendrá que elegir entre Canal 6, de televisión abierta, y Supercanal. La diferencia con la otra localidad cuyana es que en la mendocina no posee radios.
En Rosario, en tanto, deberá desprenderse de una de sus dos radios de AM (LT8 y LT3). Sin embargo, no sufrirá modificaciones con respecto a sus dos FM (Cadena 100 y la 98.5).
En Córdoba y en Entre Ríos no sufrirá cambios. En el primer caso podrá mantener las radios AM LV2 y FM 94.9 (Río Cuarto), mientras que en el segundo continuará con las radios de AM LT15 Litoral (Concordia), LT41 (Gualeguaychú) y Radio Victoria, y FM Estación del Siglo y Meridiano, ambas de Concordia.
Por último, la normativa establece que quien disponga de una licencia de televisión por suscripción sobre soporte satelital (caso DirecTV) estará excluido de la posibilidad de ser titular de otro tipo de servicio de comunicación audiovisual.
¡Ropa sucia fuera!
La reglamentación de la nueva norma y la integración de los distintos órganos que ésta prevee son los próximos pasos para que la letra de la ley se haga realidad. En ambos casos, será fundamental el compromiso y la movilización del amplio abanico de organizaciones que la hicieron posible.
Empieza una etapa de reconstrucción de la comunicación en la Argentina. Desde hace muchos años la palabra está hegemonizada por los medios comerciales. Llegó la hora de democratizar y de que todos puedan hablar. Como cantan Los Piojos: “Yo sé que vendrán tiempos mejores”.
jueves, 22 de abril de 2010
MEGA REFORMA LABORAL
El diputado kirchnerista y abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde, con la intención de avanzar en una importante reforma a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), ingresó al Parlamento una avalancha de iniciativas que podrían traducirse en un fuerte incremento en los costos laborales para las empresas.
Las modificaciones, en las que estuvo trabajando Recalde en los últimos tres meses, contemplan extender las licencias vacacionales, por maternidad, ampliar dicho beneficio al padre, reformular las causales de extinción del vínculo laboral, criterios sobre sanciones disciplinarias, plazos de prescripción para iniciar acciones laborales, suspensiones, horas extras, entre otros aspectos.
Incluso, hasta propone que el empleado reciba un subsidio estatal si está en negro y opta por denunciar a su empleador. Más aún, podrá considerarse despedido sin causa si la empresa se vende y prueba que esto le generó un perjuicio.
Recalde aclaró que, de esta forma, se busca plasmar los fallos "pro obrero" de la Justicia y volver a la redacción original de la normativa -que fue modificada casi por completo en 1976-.
Mientras el diputado afirma que, tras la aprobación de los proyectos, se logrará “mejorar los derechos de los trabajadores y la calidad del empleo”, los especialistas y cámaras empresariales advierten que traerán “una mayor rigidez en las relaciones laborales, porque las compañías pensarán más de una vez la conveniencia de tomar o brindar un beneficio a un empleado”.
Qué contempla la mega reforma laboralLa iniciativa parlamentaria abarca, además de cambios a la LCT, diversas cuestiones vinculadas con el derecho a la defensa, la estabilidad laboral, la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso sexual y laboral, la inembargabilidad del salario y la jornada laboral, entre otras cuestiones.
Con respecto a la LCT, los puntos que cobran más relevancia, por su impacto en la relación empleado-empleador son:
Subsidio para el trabajador en negro que denuncie a su empleador: el proyecto ya había sido aprobado por unanimidad en Diputados, donde tuvo media sanción, pero por el paso del tiempo perdió estado parlamentario.
El objetivo es desalentar la contratación de trabajadores en forma irregular. A tal efecto, propone que el empleado denuncie que está en negro ante el Ministerio de Trabajo para así quedar habilitado para cobrar el mencionado subsidio.
Tope a la jornada laboral: se trata de una iniciativa que tiene como fin lograr que se respete el límite de 8 horas diarias y 48 semanales.
Licencia por maternidad y embarazo: el diputado oficialista propone aumentar el período de receso a 98 días. También busca llevar la protección legal a las embarazadas contra posibles despidos a 8 meses y medio anteriores o posteriores al nacimiento. La particularidad es que también alcanzaría al padre.
Licencia por nacimiento: la reforma apunta a extender el beneficio de licencia por nacimiento de los hijos a 12 días para el padre.
Sanciones como causal de despido: el abogado oficialista promueve que si pasan más de doce meses desde una sanción y el empleado es nuevamente sancionado, la primera no podrá ser utilizada como argumento para configurar una causal de despido. Por otra parte, cuando el empleador no informase sobre las causas de una sanción disciplinaria, el plazo de la medida y la fecha de audiencia, el empleado tendrá derecho a percibir una remuneración por todo el tiempo que estuviere suspendido.
Suspensiones: según el paquete de reforma, la suspensión deberá ser notificada con una anticipación mínima de un 1 día hábil antes de comenzar su ejecución, para que el empleado pueda ejercer su derecho de defensa. En este sentido, indica que si no lo hace, su silencio no será tomado en su contra.
Extinción del contrato de trabajo: de acuerdo con la respectiva iniciativa, el dependiente podrá considerar extinguido el vínculo laboral si justifica que la transferencia del establecimiento le genera un perjuicio actual, o futuro.
Orden de prevalencia: la reforma propone que los usos y costumbres más favorables al empleado en una empresa prevalecen sobre las normas dispositivas de la ley, convenciones colectivas y el contrato de trabajo.
Plazos de prescripción: Recalde promueve que se extienda a dos años la prescripción de las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y que recién a los cinco años caduquen las demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general.
Privilegios laborales: del proyecto respectivo, surge que serán irrenunciables los privilegios laborales, medie o no un concurso.
Horas extras: el empleado no estará obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro, accidente, fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la empresa, remarca el proyecto de reforma.
Certificados de trabajo: el diputado Recalde propone que “cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la Seguridad Social, dentro de los 5 días hábiles de extinguida la relación laboral”. Además, la iniciativa señala que el trabajador “puede solicitar dicho certificado en cualquier período que considere pertinente, aún cuando la relación laboral se encuentre en vigencia”.
Vacaciones: el paquete de reforma introduce un cambio sustancial, que es el de aumentar a 21 días corridos el período de vacaciones aún cuando la antigüedad sea menor a cinco años.
Protección a testigos: en el caso de un juicio laboral, se propone un régimen de protección para los empleados que testifiquen y que aún permanezcan en la compañía.
Por último, vale destacar una iniciativa que apunta al Impuesto a las Ganancias.
El proyecto pone la mira sobre las utilidades extraordinarias. De aprobarse la iniciativa, aquellas firmas que tengan una ganancia al menos 20% superior a sus ingresos anuales deberán pagar una sobretasa del 10 por ciento.
Esto representa un abrupto salto en la carga fiscal a afrontar habida cuenta que en el último escalón del tributo, la tasa pasaría del 35 al 45 por ciento.
A partir de la semana próxima comenzará el análisis y el debate en el Congreso de los cambios propuestos por Recalde. Las comisiones deberán estudiar y aprobar los proyectos para luego poder ser girados al recinto.
Pese a que el oficialismo perdió en diciembre la mayoría en Diputados, el legislador se mostró optimista y recordó que, en otras ocasiones, sus propuestas fueron sancionadas.
"Estoy convencido de que esto va a prosperar. Hay una veintena de proyectos que ya fueron aprobados en años anteriores", aseguró.
Sin embargo, fuentes especializadas en materia laboral y cercanas a la comisión donde se discutirá el paquete de medidas, señalaron que “el trámite no va a ser sencillo porque la mejora en las condiciones de trabajo no coinciden con la realidad económica".
Contrariamente, señalaron que Recalde ya presentó más de un centenar de proyectos que no llegaron a buen puerto. En este caso habrá que ver si cuenta con el apoyo de su propia bancada, debido a que el Gobierno tiene compromisos asumidos con la Unión Industrial Argentina (UIA).
Para la CAME, el Ejecutivo mantendrá la política asumida hasta el momento que consiste en establecer "un sano equilibrio entre las pretensiones de los gremios y los empresarios".
Desde la entidad recuerdan que sólo se sancionaron aquellas normas necesarias para corregir "desvíos" como fue el caso de los tickets alimentarios, mientras que se le puso un freno a otros proyectos.
Las modificaciones, en las que estuvo trabajando Recalde en los últimos tres meses, contemplan extender las licencias vacacionales, por maternidad, ampliar dicho beneficio al padre, reformular las causales de extinción del vínculo laboral, criterios sobre sanciones disciplinarias, plazos de prescripción para iniciar acciones laborales, suspensiones, horas extras, entre otros aspectos.
Incluso, hasta propone que el empleado reciba un subsidio estatal si está en negro y opta por denunciar a su empleador. Más aún, podrá considerarse despedido sin causa si la empresa se vende y prueba que esto le generó un perjuicio.
Recalde aclaró que, de esta forma, se busca plasmar los fallos "pro obrero" de la Justicia y volver a la redacción original de la normativa -que fue modificada casi por completo en 1976-.
Mientras el diputado afirma que, tras la aprobación de los proyectos, se logrará “mejorar los derechos de los trabajadores y la calidad del empleo”, los especialistas y cámaras empresariales advierten que traerán “una mayor rigidez en las relaciones laborales, porque las compañías pensarán más de una vez la conveniencia de tomar o brindar un beneficio a un empleado”.
Qué contempla la mega reforma laboralLa iniciativa parlamentaria abarca, además de cambios a la LCT, diversas cuestiones vinculadas con el derecho a la defensa, la estabilidad laboral, la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso sexual y laboral, la inembargabilidad del salario y la jornada laboral, entre otras cuestiones.
Con respecto a la LCT, los puntos que cobran más relevancia, por su impacto en la relación empleado-empleador son:
Subsidio para el trabajador en negro que denuncie a su empleador: el proyecto ya había sido aprobado por unanimidad en Diputados, donde tuvo media sanción, pero por el paso del tiempo perdió estado parlamentario.
El objetivo es desalentar la contratación de trabajadores en forma irregular. A tal efecto, propone que el empleado denuncie que está en negro ante el Ministerio de Trabajo para así quedar habilitado para cobrar el mencionado subsidio.
Tope a la jornada laboral: se trata de una iniciativa que tiene como fin lograr que se respete el límite de 8 horas diarias y 48 semanales.
Licencia por maternidad y embarazo: el diputado oficialista propone aumentar el período de receso a 98 días. También busca llevar la protección legal a las embarazadas contra posibles despidos a 8 meses y medio anteriores o posteriores al nacimiento. La particularidad es que también alcanzaría al padre.
Licencia por nacimiento: la reforma apunta a extender el beneficio de licencia por nacimiento de los hijos a 12 días para el padre.
Sanciones como causal de despido: el abogado oficialista promueve que si pasan más de doce meses desde una sanción y el empleado es nuevamente sancionado, la primera no podrá ser utilizada como argumento para configurar una causal de despido. Por otra parte, cuando el empleador no informase sobre las causas de una sanción disciplinaria, el plazo de la medida y la fecha de audiencia, el empleado tendrá derecho a percibir una remuneración por todo el tiempo que estuviere suspendido.
Suspensiones: según el paquete de reforma, la suspensión deberá ser notificada con una anticipación mínima de un 1 día hábil antes de comenzar su ejecución, para que el empleado pueda ejercer su derecho de defensa. En este sentido, indica que si no lo hace, su silencio no será tomado en su contra.
Extinción del contrato de trabajo: de acuerdo con la respectiva iniciativa, el dependiente podrá considerar extinguido el vínculo laboral si justifica que la transferencia del establecimiento le genera un perjuicio actual, o futuro.
Orden de prevalencia: la reforma propone que los usos y costumbres más favorables al empleado en una empresa prevalecen sobre las normas dispositivas de la ley, convenciones colectivas y el contrato de trabajo.
Plazos de prescripción: Recalde promueve que se extienda a dos años la prescripción de las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y que recién a los cinco años caduquen las demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general.
Privilegios laborales: del proyecto respectivo, surge que serán irrenunciables los privilegios laborales, medie o no un concurso.
Horas extras: el empleado no estará obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro, accidente, fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la empresa, remarca el proyecto de reforma.
Certificados de trabajo: el diputado Recalde propone que “cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la Seguridad Social, dentro de los 5 días hábiles de extinguida la relación laboral”. Además, la iniciativa señala que el trabajador “puede solicitar dicho certificado en cualquier período que considere pertinente, aún cuando la relación laboral se encuentre en vigencia”.
Vacaciones: el paquete de reforma introduce un cambio sustancial, que es el de aumentar a 21 días corridos el período de vacaciones aún cuando la antigüedad sea menor a cinco años.
Protección a testigos: en el caso de un juicio laboral, se propone un régimen de protección para los empleados que testifiquen y que aún permanezcan en la compañía.
Por último, vale destacar una iniciativa que apunta al Impuesto a las Ganancias.
El proyecto pone la mira sobre las utilidades extraordinarias. De aprobarse la iniciativa, aquellas firmas que tengan una ganancia al menos 20% superior a sus ingresos anuales deberán pagar una sobretasa del 10 por ciento.
Esto representa un abrupto salto en la carga fiscal a afrontar habida cuenta que en el último escalón del tributo, la tasa pasaría del 35 al 45 por ciento.
A partir de la semana próxima comenzará el análisis y el debate en el Congreso de los cambios propuestos por Recalde. Las comisiones deberán estudiar y aprobar los proyectos para luego poder ser girados al recinto.
Pese a que el oficialismo perdió en diciembre la mayoría en Diputados, el legislador se mostró optimista y recordó que, en otras ocasiones, sus propuestas fueron sancionadas.
"Estoy convencido de que esto va a prosperar. Hay una veintena de proyectos que ya fueron aprobados en años anteriores", aseguró.
Sin embargo, fuentes especializadas en materia laboral y cercanas a la comisión donde se discutirá el paquete de medidas, señalaron que “el trámite no va a ser sencillo porque la mejora en las condiciones de trabajo no coinciden con la realidad económica".
Contrariamente, señalaron que Recalde ya presentó más de un centenar de proyectos que no llegaron a buen puerto. En este caso habrá que ver si cuenta con el apoyo de su propia bancada, debido a que el Gobierno tiene compromisos asumidos con la Unión Industrial Argentina (UIA).
Para la CAME, el Ejecutivo mantendrá la política asumida hasta el momento que consiste en establecer "un sano equilibrio entre las pretensiones de los gremios y los empresarios".
Desde la entidad recuerdan que sólo se sancionaron aquellas normas necesarias para corregir "desvíos" como fue el caso de los tickets alimentarios, mientras que se le puso un freno a otros proyectos.
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