El consejo directivo de la CGT exigió ayer "una solución política" frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso límites al monopolio sindical y allanó el camino para que cualquier empleado pueda ser delegado gremial aunque no esté afiliado al sindicato.
Esa decisión judicial "dejaba desamparada a una franja importante de trabajadores", dijo la central sindical liderada por Hugo Moyano.
Los dirigentes no especificaron públicamente si la intervención debía ser a través de la presidenta Cristina Kirchner y hasta especularon, aunque con menos posibilidades, de que se pudiera sancionar una nueva ley sindical en el Congreso para dejar sin efecto el fallo del tribunal.
Se dio por sentado que los contactos los hará Moyano ante el presidente del justicialismo, Néstor Kirchner.
La interpretación judicial de la sentencia, en tanto, la dio el coordinador legal de la CGT, Héctor Recalde, quien explicó que el cambio que hizo la Corte en el artículo 41 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales "dejó sin tutela ni estabilidad gremial a los delegados que se elijan".
Sin embargo, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, respondió a LA NACION: "Claro que es un primer paso, pero a partir de competir libremente con delegados en una empresa, esperamos un decreto del Poder Ejecutivo o una resolución del Ministerio de Trabajo". Además de los reclamos para evitar despidos, los dirigentes de la CTA hablarán hoy del tema cuando los reciba el ministro Carlos Tomada.
Lo contundente de ayer en el quinto piso de la CGT fue que una treintena de sindicalistas se alinearon en un unánime rechazo a la decisión judicial y una mayoritaria sospecha de sus miembros, según constató LA NACION, de que el Gobierno habría incidido en el fallo del alto tribunal.
Al finalizar el encuentro presidido por el secretario general de la central obrera, Hugo Moyano, hablaron con el periodismo el secretario de Prensa, Héctor Daer, y el abogado Recalde, quienes representaron "el malestar general reinante en la reunión", como dijo uno de los presentes a LA NACION.
Recalde juzgó de "contradictorio y de difícil aplicación" el fallo del tribunal. Y aunque advirtió su respeto por la "calidad institucional de los miembros de la Corte", enseguida Recalde avanzó duramente contra ellos: "El fallo es una Caja de Pandora que cita un veredicto de la última dictadura militar". Fue lapidario y acusó a la Corte de tener "un desconocimiento laboral de las representaciones superpuestas" que se elegirán en un gremio a partir de declarar insconstitucional el artículo 41 de la ley 23.551.
La despreocupación que quiso demostrar Moyano durante un acto anterior en defensa de la industria y coordinado por la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), no se reflejó en el encuentro posterior de la CGT.
Moyano había dicho antes que "un sindicato más no cambia la situación de los trabajadores" aunque sí se refirió a la necesidad de "exigir a los gobiernos en serio que una vez por todas se ponga en marcha la distribución de la riqueza".
Sin embargo en la CGT, los miembros del consejo directivo dijeron que la Corte "dictó un fallo político y no jurídico que atomiza al movimiento obrero". Mientras, uno de sus integrantes señaló: "La CGT prioriza la discusión de la fuente de trabajo y no las pequeñeces abstractas con que nos quieren distraer." Inestabilidad laboral
A pesar de que Moyano había hecho hincapié esta semana en que no había despidos, ayer la CGT enfatizó que le preocupa "la inestabilidad y que no se produzca la ruptura del contrato laboral". Al mismo tiempo pidió al Gobierno "que se hagan todos los esfuerzos para evitar suspensiones ni se eche personal en la industria automotriz, en el sector bancario, en las curtiembres, la industria de la carne y del calzado".
Pareció un endurecimiento hacia el Gobierno, aunque enseguida el dirigente descartó que la designación de Juan Rinaldi (abogado del gremio camionero) en la Superintendencia de Servicios de Salud fuera "un toma y daca" entre el Gobierno y el sindicalismo.
El nombramiento de Rinaldi fue lo único que alegró ayer a la CGT. Participó de la reunión sindical y fue aplaudido cuando Moyano lo presentó.
Claves
Oposición al fallo de la Corte El coordinador legal de la CGT, Héctor Recalde, juzgó de "contradictorio" y de poseer un "desconocimiento de que superpone representaciones" de delegados, al declarar inconstitucional el artículo 41 de la ley 23.551 de la ley de asociaciones sindicales.
Se busca una solución política La dirigencia sindical considera que deja sin fueros ni estabilidad gremial a los delegados elegidos bajo la nueva circunstancia y por eso requiere que intervenga el Gobierno o bien el Congreso a través de una nueva ley.
Esfuerzos al Gobierno La CGT le reclamó ayer que intervenga y evite que haya despidos y suspensiones en las industrias
Esa decisión judicial "dejaba desamparada a una franja importante de trabajadores", dijo la central sindical liderada por Hugo Moyano.
Los dirigentes no especificaron públicamente si la intervención debía ser a través de la presidenta Cristina Kirchner y hasta especularon, aunque con menos posibilidades, de que se pudiera sancionar una nueva ley sindical en el Congreso para dejar sin efecto el fallo del tribunal.
Se dio por sentado que los contactos los hará Moyano ante el presidente del justicialismo, Néstor Kirchner.
La interpretación judicial de la sentencia, en tanto, la dio el coordinador legal de la CGT, Héctor Recalde, quien explicó que el cambio que hizo la Corte en el artículo 41 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales "dejó sin tutela ni estabilidad gremial a los delegados que se elijan".
Sin embargo, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, respondió a LA NACION: "Claro que es un primer paso, pero a partir de competir libremente con delegados en una empresa, esperamos un decreto del Poder Ejecutivo o una resolución del Ministerio de Trabajo". Además de los reclamos para evitar despidos, los dirigentes de la CTA hablarán hoy del tema cuando los reciba el ministro Carlos Tomada.
Lo contundente de ayer en el quinto piso de la CGT fue que una treintena de sindicalistas se alinearon en un unánime rechazo a la decisión judicial y una mayoritaria sospecha de sus miembros, según constató LA NACION, de que el Gobierno habría incidido en el fallo del alto tribunal.
Al finalizar el encuentro presidido por el secretario general de la central obrera, Hugo Moyano, hablaron con el periodismo el secretario de Prensa, Héctor Daer, y el abogado Recalde, quienes representaron "el malestar general reinante en la reunión", como dijo uno de los presentes a LA NACION.
Recalde juzgó de "contradictorio y de difícil aplicación" el fallo del tribunal. Y aunque advirtió su respeto por la "calidad institucional de los miembros de la Corte", enseguida Recalde avanzó duramente contra ellos: "El fallo es una Caja de Pandora que cita un veredicto de la última dictadura militar". Fue lapidario y acusó a la Corte de tener "un desconocimiento laboral de las representaciones superpuestas" que se elegirán en un gremio a partir de declarar insconstitucional el artículo 41 de la ley 23.551.
La despreocupación que quiso demostrar Moyano durante un acto anterior en defensa de la industria y coordinado por la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), no se reflejó en el encuentro posterior de la CGT.
Moyano había dicho antes que "un sindicato más no cambia la situación de los trabajadores" aunque sí se refirió a la necesidad de "exigir a los gobiernos en serio que una vez por todas se ponga en marcha la distribución de la riqueza".
Sin embargo en la CGT, los miembros del consejo directivo dijeron que la Corte "dictó un fallo político y no jurídico que atomiza al movimiento obrero". Mientras, uno de sus integrantes señaló: "La CGT prioriza la discusión de la fuente de trabajo y no las pequeñeces abstractas con que nos quieren distraer." Inestabilidad laboral
A pesar de que Moyano había hecho hincapié esta semana en que no había despidos, ayer la CGT enfatizó que le preocupa "la inestabilidad y que no se produzca la ruptura del contrato laboral". Al mismo tiempo pidió al Gobierno "que se hagan todos los esfuerzos para evitar suspensiones ni se eche personal en la industria automotriz, en el sector bancario, en las curtiembres, la industria de la carne y del calzado".
Pareció un endurecimiento hacia el Gobierno, aunque enseguida el dirigente descartó que la designación de Juan Rinaldi (abogado del gremio camionero) en la Superintendencia de Servicios de Salud fuera "un toma y daca" entre el Gobierno y el sindicalismo.
El nombramiento de Rinaldi fue lo único que alegró ayer a la CGT. Participó de la reunión sindical y fue aplaudido cuando Moyano lo presentó.
Claves
Oposición al fallo de la Corte El coordinador legal de la CGT, Héctor Recalde, juzgó de "contradictorio" y de poseer un "desconocimiento de que superpone representaciones" de delegados, al declarar inconstitucional el artículo 41 de la ley 23.551 de la ley de asociaciones sindicales.
Se busca una solución política La dirigencia sindical considera que deja sin fueros ni estabilidad gremial a los delegados elegidos bajo la nueva circunstancia y por eso requiere que intervenga el Gobierno o bien el Congreso a través de una nueva ley.
Esfuerzos al Gobierno La CGT le reclamó ayer que intervenga y evite que haya despidos y suspensiones en las industrias
Fuente Diario La nación
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